El proyecto establece estrictas regulaciones para garantizar la seguridad de los menores en el entorno digital. Entre los puntos clave están:
El ministro Mauricio Lizcano aseguró que esta medida busca proteger a los menores de riesgos como la adicción tecnológica, el acoso en línea y otros peligros que afectan su salud mental y física. Según Lizcano, la tecnología debe utilizarse bajo supervisión parental para garantizar que sea un medio seguro y educativo.
“Las redes sociales no solo traen problemas de adicción a la tecnología, sino múltiples riesgos para nuestras niñas y niños”, enfatizó.
El proyecto, que ya superó su primer debate en la Comisión VI del Senado, aún debe pasar por más debates en el Congreso antes de ser sancionado como ley. El MinTIC se encargará de reglamentar su implementación en un plazo máximo de un año tras su aprobación.
Aunque el objetivo de proteger a los menores parece ampliamente respaldado, la implementación del proyecto podría enfrentar retos significativos. Entre ellos, la capacidad de las plataformas para verificar la edad de los usuarios, el respeto a la privacidad y las posibles dificultades técnicas y legales para cumplir con las disposiciones de la ley.
Este proyecto de ley abre un debate crucial sobre el equilibrio entre la protección de los menores y el respeto por sus derechos digitales. En un mundo cada vez más interconectado, la supervisión y regulación del acceso a las redes sociales plantea preguntas fundamentales sobre el papel de los gobiernos y las plataformas en la crianza y protección de las nuevas generaciones.
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El proyecto de ley no solo elimina el matrimonio infantil, sino que también permite que padres y tutores legales soliciten la nulidad de matrimonios donde una de las partes sea menor de 18 años. Además, insta al Estado a realizar campañas de sensibilización, especialmente en zonas rurales, para educar sobre los efectos negativos del matrimonio infantil y sus consecuencias en el desarrollo social y personal de las menores.
Con la firma del presidente Petro, esta ley se sumará a las políticas nacionales de protección a menores, representando un avance importante en la defensa de los derechos de la infancia en Colombia.