Suspenso por Demanda a “Gabinetes de Paz”: Corte Constitucional Evaluará la Reserva de sus Sesiones

Fotografía: Corte Constitucional

La Corte Constitucional estudia una demanda que pone en duda la confidencialidad de las sesiones del ‘Gabinete de Paz’, una iniciativa parte de la Ley de Paz Total

Esta ley establece que el gabinete se reúna bimensualmente o cuando lo solicite el Presidente para evaluar las negociaciones con los grupos armados. La demanda cuestiona el carácter reservado de estas sesiones, alegando que la reserva de información y la obligación de rendir informes al público son ambiguas y podrían violar derechos fundamentales.

La demanda fue interpuesta por una fundación conformada por exministros, exaltos funcionarios, empresarios, académicos, juristas y periodistas. Argumentan que la Ley de Paz Total consagra una cláusula de reserva que es demasiado amplia y una obligación vaga para el gobierno de informar sobre el progreso de las negociaciones. Exigen “respeto a las garantías fundamentales del estado de derecho, asociadas al derecho a la información veraz e imparcial y al acceso a documentos públicos”. Si bien reconocen que la confidencialidad puede ser relevante para los diálogos de paz, insisten en que debe ir acompañada de medidas que aseguren la transparencia, de lo contrario, la confidencialidad podría deslegitimarse.

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La Corte Constitucional aceptó la demanda que cuestiona el primer parágrafo del artículo sexto de la Ley 2272 de 2022, que permite que las discusiones y documentos del ‘Gabinete de la Paz’ sean considerados reservados, excepto la información sobre la ejecución presupuestal de los ministerios. La demanda sugiere que esta disposición vulnera los artículos 23 y 74 de la Constitución, que garantizan el derecho de petición y el acceso a documentos públicos.

Entre los miembros de la fundación que presentó la demanda se encuentran destacados exministros y funcionarios, como Juan Carlos Esguerra, Gloria María Borrero, Fernando Ruiz, y otros. La magistrada Cristina Pardo aceptó la acción judicial, señalando una posible violación de derechos constitucionales relacionados con la transparencia y el acceso a la información.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la fundación El Veinte han apoyado la demanda, solicitando la eliminación de la disposición que establece la reserva de información en el gabinete de paz. Ambas fundaciones advierten que la confidencialidad debe estar acompañada de medidas que faciliten la transparencia, ya que una norma que simplemente establece secretos puede ser contraproducente y deslegitimar el proceso de diálogo.

El Gobierno, por su parte, defendió la reserva de las sesiones del Gabinete de Paz a través de un documento firmado por la secretaria Jurídica de Palacio, Paula Robledo. Argumentaron que la reserva de información no es un obstáculo al derecho fundamental de petición y es necesaria para proteger derechos constitucionales legítimos, como la defensa y seguridad nacional. Agregaron que la información sobre conversaciones, acuerdos y negociaciones con grupos armados es especialmente relevante para la seguridad nacional, ya que detalles sobre desarme, por ejemplo, involucran la ubicación y disposición de armamento, lo cual es crucial para garantizar la seguridad del país.

La decisión de la Corte Constitucional será determinante para el futuro de los ‘Gabinetes de Paz’ y la transparencia de sus sesiones, una cuestión que ha generado gran interés y debate público.