Fotografía: AFP
Autoridades Inician Inspección en el Principal Abasto del País por Supuestas Prácticas Anticompetitivas
La Superintendencia de Industria y Comercio ha iniciado un proceso de inspección en Corabastos, el principal centro de abastos del país, ante la sospecha de cartelización en los precios de alimentos clave. El ente regulador está recopilando pruebas para investigar la situación, solicitando copias de computadoras, teléfonos celulares y documentos específicamente relacionados con productos como la cebolla, la papa y la mazorca.
En las últimas semanas, han surgido numerosas acusaciones, y la tarea de la Superintendencia radica en determinar si existe alguna operación que afecte la libre competencia, aunque la investigación se encuentra en una etapa reservada. Desde finales de febrero, representantes de la Superindustria han estado en Corabastos buscando evidencia de posible cartelización en alimentos básicos como la cebolla, la mazorca y la papa. Estas acciones se llevaron a cabo justo antes de las inspecciones realizadas a la Cancillería y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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La Superintendencia ha visitado las oficinas de la administración y de varios comerciantes, así como ha solicitado copias de documentos, computadoras y teléfonos celulares de algunas personas, incluidos miembros de la junta directiva de la corporación.
Según fuentes cercanas, las denuncias sobre estas prácticas datan de mediados de 2023 y han sido objeto de atención tanto de denunciantes como de funcionarios gubernamentales. Desde el Gobierno, se espera que la intervención de la Superindustria pueda reducir los precios para los consumidores y aumentar los ingresos para los productores.
Uno de los aspectos más preocupantes para el Gobierno es el presunto cartel de la cebolla, donde se sospecha que ciertos comerciantes limitan el acceso a los productores, forzándolos a vender sus productos a precios más bajos desde sus camiones. Sin embargo, también hay señalamientos relacionados con la mazorca y la papa. La Superindustria será la encargada de determinar si estas prácticas constituyen una violación de la libre competencia, y por el momento, la investigación se mantiene en una fase reservada.
