Revelaciones en EPS Intervenidas

Fotografía: Sanitas

El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, informó sobre las preocupantes situaciones detectadas en tres EPS intervenidas: Sanitas, Nueva EPS y S.O.S EPS

En el caso de Sanitas, se encontraron gastos por 104,226 millones de pesos en 2023 para la operación de centros médicos, lo cual debería ser responsabilidad de la institución prestadora de servicios de salud (IPS) y no de la EPS. Esto se considera una integración vertical, donde Sanitas asumió gastos indebidos en centros médicos pertenecientes al mismo conglomerado. Además, el informe destaca múltiples contratos sin finalidad específica ni beneficios claros para Sanitas.

Otro problema señalado es la falta de detalle sobre la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud, la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores y las brechas en la oferta de servicios. “Falta el análisis de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida, así como la descripción de patologías de alto costo y programas de intervención”, explicó Leal.

Sanitas también firmó un contrato con una cláusula de exclusividad que impide el suministro de medicamentos a sus afiliados sin autorización de la contratista, limitando su capacidad operativa. Además, la EPS está limitada en la gestión de distribución de medicamentos e insumos médicos debido a esta exclusividad y la posibilidad de subcontratar con otros operadores.

La Superintendencia de Salud halló 12,645,762 registros de facturas por más de 4.4 billones de pesos en proceso de auditoría, no incluidas en los estados financieros de Nueva EPS, cuya deuda real asciende a 5.7 billones de pesos. Esto multiplica la deuda conocida previamente. La EPS hacía pagos a prestadores de servicios de salud sin verificar la prestación efectiva de estos servicios, especialmente en promoción y prevención de salud.

En respuesta a estas revelaciones, Enrique Vargas Lleras, exmiembro de la Junta Directiva de Nueva EPS, negó cualquier ocultamiento de deudas o gastos ilegales, afirmando que todas las operaciones se realizaron con transparencia y legalidad. Sin embargo, la Superintendencia señaló que la suficiencia de la red fue del 87.7% en el primer trimestre de 2024, con brechas del 12.3%, y destacó la baja cobertura en programas de salud, como el tamizaje de cáncer y la planificación familiar.

Los hallazgos de los interventores requieren un análisis más profundo y un seguimiento riguroso para garantizar el uso adecuado de los recursos de salud y proteger la vida de las personas. La Superintendencia Nacional de Salud se comprometió a verificar el cumplimiento de los planes de trabajo presentados por cada interventor.