Fotografía: TheGlobalAmericans.org / Karen Sánchez / VOA

El gobierno nacional viene completando un protocolo de garantía de la protesta social en el país aunque sin restringir el deber de la fuerza pública.

El proyecto viene siendo ultimado por el gobierno de Gustavo Petro y ya inició un proceso de socialización con las organizaciones sociales, enfatizando inicialmente la figura de “gestores para la vida”, cuya misión será “escuchar y acompañar” a todos los actores que participen de la protesta.

En este modelo se plantea la prioridad la presencia de los funcionarios del estado en las manifestaciones quienes deberán establecer un “diálogo social” que incluya a las dos partes con el fin de buscar una atención de las necesidades y reclamos.

Igualmente, se busca abrir la puerta a una concertación con los líderes de las protestas para buscar un acuerdo de no afectación a la movilidad y al funcionamiento entidades del estado, así como evitar riesgos de obstrucción de vías y de disturbios.

Aun así, en el protocolo se deja muy claro que no puede restringirse la función de la fuerza pública aunque esta tendrá que prevenir con “apoyo tecnológico, informático y especializado”, actos perturbadores por parte de “grupos que pretenden alterar el orden, valiéndose de la protesta social como excusa para cometer cualquier tipo de delito”.