Fotografía: Usuario Instagram: pizarromariajo

Integrantes del Pacto Histórico rechazan la decisión del Consejo de Estado sobre María José Pizarro y la califican como un ataque a la coalición


La reciente decisión del Consejo de Estado de anular la designación de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado ha generado fuertes reacciones por parte de los integrantes del Pacto Histórico. Senadores y representantes de la coalición expresaron su rechazo y denunciaron lo que consideran una “persecución política” en su contra.La senadora Martha Peralta, presidenta del partido MAIS, calificó la decisión como un acto de “persecución política” hacia el Pacto Histórico y anunció la defensa de la vicepresidencia hasta agotar todas las instancias legales. Se refutó el argumento del Consejo de Estado sobre la anulación, argumentando que Pizarro no representa una minoría política dentro del Pacto Histórico. Además, se destacó que esta decisión afecta la representación de la coalición en la mesa directiva del Senado.

El senador Inti Asprilla, cercano al Pacto Histórico y la Alianza Verde, comentó sobre la contradicción legal que representa la anulación de la elección de Pizarro y sugirió que se está utilizando el “lawfare” contra su proyecto político. Otro integrante de la coalición, Iván Cepeda, afirmó que este fallo priva al Pacto Histórico de una importante representación en el Senado.

Iván Name, presidente del Senado y no perteneciente al Pacto Histórico, elogió la labor de María José Pizarro en la mesa directiva y expresó su solidaridad ante la situación.

Diversos congresistas, tanto del Pacto Histórico como de otras coaliciones, manifestaron su preocupación y rechazo a la decisión del Consejo de Estado, destacando la importancia de la representación y la estabilidad en la dirección del Senado, especialmente en momentos cruciales para definir reformas sociales.

Esta controversia se suma a otras decisiones recientes que han afectado a congresistas del Pacto Histórico, generando tensiones y debates sobre la legalidad y la autonomía del Poder Legislativo.


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