El vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, informó sobre las intervenciones ilegales de las que él, su familia, y tres de los cuatro magistrados auxiliares de su despacho han sido presuntamente víctimas
Aunque no presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, puso en conocimiento la situación al presidente de la Sala Plena, magistrado José Fernando Reyes, quien luego informó a la fiscal Luz Adriana Camargo.
Cronología y Detalle de los Hechos
Los hechos irregulares se han presentado desde el segundo semestre del año pasado, con una intensificación en los últimos dos meses. El magistrado Ibáñez explicó que en el ejercicio de sus funciones, observó hechos irregulares y los comunicó formalmente a la máxima autoridad de la Corte. Afirmó no haber formulado ninguna denuncia penal y no ser parte de ningún proceso judicial.
Reacciones y Respuestas
Ibáñez manifestó desconocer las razones por las que sus comunicaciones fueron intervenidas, asegurando que las actuaciones de la Corte Constitucional son públicas y accesibles. Indicó que la fiscal Camargo iniciaría una evaluación para determinar si había mérito para una investigación formal. Hasta el momento, él y otros magistrados auxiliares han ampliado la información proporcionada a la Fiscalía.
Declaraciones y Posicionamiento
El magistrado Ibáñez respondió a las declaraciones del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien calificó las denuncias como “rumores”. Ibáñez expresó respeto por las declaraciones del funcionario y de otros del gobierno. También abordó los cuestionamientos sobre por qué las denuncias salieron primero en medios de comunicación, explicando que es común advertir a otros antes de proceder formalmente.
Historia de Seguimientos e Intervenciones
Ibáñez recordó que no es la primera vez que ha sido objeto de intervenciones en sus comunicaciones. Anteriormente, había sido objeto de seguimientos, los cuales también fueron puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes. A pesar de estos incidentes, destacó su postura de independencia y neutralidad en sus decisiones judiciales.
Acciones de las Autoridades
La grave situación de las presuntas ‘chuzadas’ fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y Policía, quienes se reunieron en el Palacio de Justicia de Bogotá. La Fiscalía dispuso todos los recursos para avanzar en los actos investigativos que permitan establecer los alcances de la situación denunciada. La Procuraduría General de la Nación también ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la DNI por la presunta interceptación ilegal de comunicaciones.