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Este grupo armado, de origen paramilitar, ha operado durante años en la turística ciudad de Santa Marta y en las zonas costeras de los departamentos de Magdalena y La Guajira, una región clave para el turismo en Colombia.
Mediante una resolución fechada el 1 de agosto y divulgada recientemente, el Estado anunció la instalación de un «espacio de conversación sociojurídico» con representantes de las ACSN. Estas conversaciones estarán dirigidas a verificar la voluntad del grupo de «transitar hacia el Estado de derecho» y a fijar los términos de su sometimiento a la justicia. Este enfoque refleja una estrategia diferente a la adoptada con otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los disidentes de las FARC.
Las ACSN llevan dos años pidiendo ser incluidas en las negociaciones para la paz total. Aunque el grupo se autodenomina «político-militar» y asegura proteger la región de otros grupos ilegales, su origen paramilitar y las evidencias de extorsión y tráfico de drogas han generado tensiones en el alto gobierno y dudas sobre la viabilidad legal de una negociación.
La mesa negociadora contará con la participación de Óscar Mauricio Silva Osorio, asesor de la oficina del alto comisionado para la Paz; Marcela Bustamante Morón, filóloga y exdirectora de Turismo en Bogotá; y Ricardo Ernesto Villa Sánchez, abogado y exfiscal delegado. Del lado de las ACSN, aún no se han divulgado los nombres de los representantes que participarán en las conversaciones.
Desde que Petro asumió la presidencia, la relación del Estado con las ACSN ha sido accidentada. En 2022, ambas partes acordaron un cese al fuego bilateral, que no se mantuvo después de su expiración en junio de 2023. Además, en enero de este año, el grupo armado participó en una mesa de diálogos regional con la población civil, aunque sin la presencia del gobierno.
Las ACSN han mantenido un control férreo sobre la troncal del Caribe, una vía crucial que conecta todo el litoral. Utilizan la violencia y la extorsión para ejercer un control social que, según expertos, les permite garantizar seguridad frente a la delincuencia común en la región. Sin embargo, su control se basa en la ausencia del Estado, lo que les permite aprovecharse de la población local y de las actividades ilícitas, como el tráfico de drogas.
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