Gobierno Nacional Extiende el Cese al Fuego con Grupos del Estado Mayor en Mesa de Diálogos hasta Abril de 2025
El presidente Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, firmaron el decreto que prorroga por seis meses el cese al fuego con bloques del Estado Mayor que participan en los diálogos de paz
Desde el 16 de octubre de 2024 hasta el 15 de abril de 2025
El Gobierno Nacional ha prorrogado por seis meses el cese al fuego con las estructuras del Estado Mayor de las FARC que siguen en la mesa de diálogos de paz. Según el decreto 1280, firmado por el presidente Gustavo Petro Urrego y el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, la medida entró en vigor desde las 00:00 horas de hoy, 16 de octubre de 2024, y se extenderá hasta las 00:00 horas del 15 de abril de 2025.
El decreto tiene como objetivo impulsar la consolidación de los avances en el proceso de paz, fortalecer la protección de la población civil y avanzar en las transformaciones territoriales necesarias para construir una paz estable y duradera. A continuación, se detallan los puntos clave de esta decisión.
Un paso crucial para la consolidación de la paz
El cese al fuego, que se aplica a los bloques del Estado Mayor de las FARC, específicamente al comandante Jorge Suárez Briceño, comandante Gentil Duarte del Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes, es un paso esencial en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado que ha afectado a Colombia durante décadas. Estos grupos han mantenido su compromiso con los diálogos de paz, lo que ha permitido que el gobierno renueve la medida en pro de consolidar los avances alcanzados hasta ahora.
La decisión de prorrogar el cese al fuego se fundamenta en la necesidad de fortalecer el proceso de paz, asegurar la participación activa de las comunidades afectadas por el conflicto y construir un entorno que facilite la reintegración de los combatientes en la sociedad civil. El presidente Gustavo Petro ha señalado que esta extensión es una oportunidad para seguir construyendo confianza entre las partes y consolidar los esfuerzos de paz.
Protección de la población civil y transformaciones territoriales
Uno de los principales pilares del cese al fuego es la protección de la población civil. Durante décadas, muchas regiones de Colombia han estado sometidas a la violencia y el desplazamiento forzado debido al conflicto armado. Con la suspensión de las operaciones militares ofensivas contra los grupos armados que están en diálogo, se espera que las comunidades puedan empezar a experimentar un alivio y una mayor seguridad en sus territorios.
Además, el cese al fuego está alineado con la política del gobierno de Gustavo Petro de impulsar las transformaciones territoriales. Estas incluyen el fortalecimiento de las economías legales en regiones afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, la protección del medio ambiente y la promoción de iniciativas comunitarias que favorezcan el desarrollo rural. La medida también permite crear las condiciones necesarias para que los diálogos de paz se desarrollen en un ambiente más seguro y propicio para la negociación.
La Fuerza Pública mantendrá su labor constitucional
A pesar del cese al fuego, el decreto deja claro que la Fuerza Pública no abandonará su responsabilidad constitucional de preservar la integridad del territorio nacional y garantizar el orden legal. Aunque las operaciones militares ofensivas y las acciones especiales de la Policía serán suspendidas en las zonas donde están presentes los grupos en diálogos, la Fuerza Pública continuará con sus tareas de control territorial y defensa de la soberanía nacional.
Asimismo, el decreto subraya que no se detendrán las acciones que la Fuerza Pública desarrolla contra las economías ilegales, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas que financian el conflicto armado. El gobierno considera que es fundamental seguir atacando estos factores que alimentan la violencia y obstaculizan los esfuerzos de paz.
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Un marco para la participación ciudadana y el cuidado ambiental
El cese al fuego también está diseñado para permitir una mayor participación de la sociedad en los esfuerzos de paz. A través de diversas plataformas de diálogo y de participación comunitaria, se busca involucrar a las poblaciones que han sido víctimas del conflicto en la construcción de soluciones y en la definición de los futuros acuerdos de paz. El gobierno ha destacado que este proceso debe ser inclusivo y debe contar con la activa participación de todos los sectores sociales, para asegurar que los acuerdos finales reflejen las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
De igual forma, la medida tiene un enfoque en la protección del medio ambiente, particularmente en aquellas zonas afectadas por la deforestación y la explotación ilegal de recursos naturales que han sido impulsadas por los actores armados. El gobierno ha insistido en que las negociaciones de paz no solo deben abordar los aspectos de seguridad y reintegración, sino también incluir compromisos concretos para preservar los ecosistemas y promover un desarrollo sostenible en las áreas afectadas por el conflicto.