Fotografía: Captura de pantalla audiencia
El exjefe paramilitar compareció a su primera diligencia judicial en Colombia después de regresar desde Estados Unidos. El proceso de Justicia y Paz deberá sustentar si existen delitos que justifiquen su permanencia en prisión o si procede su liberación
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso enfrentó este viernes su primera audiencia en Colombia desde su deportación de los Estados Unidos. Durante la audiencia, que se prolongó desde las 9:30 de la mañana hasta las 12:55 del mediodía, Mancuso solicitó su libertad, argumentando que ya cumplió los 8 años de cárcel exigidos por la ley estadounidense y expresó su compromiso de contribuir a los diálogos de desmovilización.
En su intervención, Mancuso afirmó: “Yo no vengo con un ánimo diferente a seguir cumpliendo con mis obligaciones. Tengo un compromiso con el presidente Petro de ayudar en los diálogos y las negociaciones de desmovilización de los actores que se rearmaron con posterioridad al desarme de las Autodefensas”. Asimismo, aseguró que “no vengo a buscar revanchas ni retaliaciones” y solicitó la presencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en todas sus actuaciones como gestor de paz.
La Fiscalía General de la Nación indicó que “no se opone a la libertad” de Mancuso, ya que, según la fiscal encargada, “el postulado ha cumplido con los 8 años de prisión y con los componentes de verdad y reparación”. Las víctimas intervinientes también expresaron su acuerdo con la posible liberación, siempre y cuando Mancuso siga respondiendo ante la justicia y avance la reparación económica con los bienes incautados.
Es importante destacar que el Gobierno de Gustavo Petro ya solicitó la libertad de Mancuso para que pueda desempeñar su papel como gestor de paz. No obstante, esto no implica el fin de la persecución penal, ya que Mancuso continuará respondiendo ante la justicia por los numerosos casos en su contra, aunque lo hará en libertad mientras colabora en gestiones de paz con grupos narcoparamilitares. La jueza encargada del caso postergó la lectura de su decisión para el próximo lunes 4 de marzo de 2024.
