Diversos organismos de derechos humanos y exiliados nicaragüenses han denunciado una persecución “transfronteriza” por parte del gobierno de Daniel Ortega contra opositores refugiados en Costa Rica. Según estas denuncias, los opositores nicaragüenses han sido víctimas de atentados, amenazas e incluso extradiciones hacia Nicaragua mientras se encuentran en territorio costarricense.

Más de 10 organizaciones nicaragüenses que operan desde Costa Rica entregaron una carta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano para expresar su preocupación por la seguridad de los más de 200,000 solicitantes de refugio que residen en Costa Rica.

Los activistas resaltan que, a dos meses de un atentado contra los opositores Joao Maldonado y Nadia Robleto, las autoridades aún no han informado sobre los responsables. Yaritza Mairena, representante de la Unión de Presas y Presos Políticos, instó a las autoridades costarricenses a tomar medidas para proteger a los solicitantes de refugio en el país.

Los exiliados también denuncian la extradición de opositores nicaragüenses desde Costa Rica hacia Nicaragua. En febrero pasado, Costa Rica extraditó a Douglas Gamaliel Pérez, y actualmente está en trámite la extradición de Reinaldo Picado, otro disidente nicaragüense. Distintas organizaciones opositoras continúan demandando la liberación y no extradición de Reinaldo Picado.

Costa Rica ha aprobado solo el 4% de las más de 200,000 solicitudes de refugio en los últimos seis años, según la Dirección de Migración y Extranjería. El presidente Rodrigo Chaves ha expresado que la mayoría de estos solicitantes no son perseguidos políticos, sino refugiados económicos.

La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la situación de los refugiados nicaragüenses, advirtiendo que persiste la persecución del Estado de Nicaragua.