La Sección Quinta del Consejo de Estado ha admitido una demanda que cuestiona la elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, alegando que la Corte Suprema de Justicia fue objeto de presiones y actos de violencia durante el proceso de selección
Alegatos de la Demanda
La demanda sostiene que el Palacio de Justicia sufrió un “asedio” y un “bloqueo violento e ilegal” el 8 de febrero de 2024, coincidiendo con una de las salas plenas para elegir fiscal general. Además, se menciona un mensaje del presidente Gustavo Petro convocando a una movilización social el 2 de febrero, lo que, según la demanda, afectó la libre y autónoma elección de la fiscal general.
Los demandantes argumentan que estas presiones comprometieron la independencia y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia, señalando que la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general fue el resultado de dichas presiones.
Respuesta de la Corte Suprema y del Gobierno
La Corte Suprema de Justicia ha solicitado al Consejo de Estado desestimar la demanda, afirmando que no hay evidencia que indique que la independencia y autonomía de la Corte o de sus magistrados fueron comprometidas durante la elección. Respecto a las protestas del 8 de febrero, la Corte declaró que no hay pruebas de que los hechos violentos hayan influido en la voluntad de los magistrados al votar.
El presidente Gustavo Petro aseguró que la elección de la fiscal general se llevó a cabo conforme a las normas legales y constitucionales, respetando el debido proceso.
Declaraciones de Luz Adriana Camargo
La fiscal Luz Adriana Camargo señaló que la demanda no proporciona evidencia suficiente para demostrar que la violencia ejercida durante el proceso de elección haya afectado la voluntad de la Corte Suprema de Justicia. Camargo indicó que la demanda se basa en la presunción de que la violencia podría haber influido en la imparcialidad de los electores, sin demostrar un impacto real en el resultado de la elección.
La admisión de esta demanda por el Consejo de Estado abre un nuevo capítulo en el proceso de elección de la fiscal general, poniendo en el centro del debate la integridad y la transparencia del sistema judicial colombiano.