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Alfredo Romero, director de Foro Penal, informó en una conferencia de prensa que las víctimas incluyen dos menores de edad, y que cinco de las muertes ocurrieron en Caracas, dos en Zulia, dos en Yaracuy, una en Aragua y una en Táchira.
Las ONG expresaron su preocupación por el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Lexys Rondón, vocera de Laboratorio de Paz, informó sobre una «ola represiva» que incluyó la participación de cuerpos policiales, militares y «colectivos» oficialistas. Rondón criticó la criminalización de los manifestantes, quienes, según ella, expresaban pacíficamente su descontento y exigían transparencia en los resultados electorales.
Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno denunciaron un presunto intento de golpe de Estado. Oscar Murillo, coordinador general de Provea, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se exija la verificación de las actas de votación y se garantice la transparencia de los resultados.
Las ONG insisten en la necesidad de una investigación independiente sobre las muertes y arrestos, y en que se respeten los derechos de los manifestantes. Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente de Foro Penal, recordó que el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones está prohibido por la Constitución venezolana.
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