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Además del ministro Bonilla, están en la mira el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González; el exministro Luis Fernando Velasco; el embajador Camilo Romero; y los congresistas Wadith Manzur, Julio Elías Chagüi, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Germán Rozo.
La apertura del proceso se debe a las menciones realizadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes han señalado a estos funcionarios y congresistas en relación con un esquema de corrupción mediante contratos desviados. Según la Procuraduría, se investigará la posible participación de estos individuos en una estrategia para otorgar contratos a cambio de apoyo político a favor de diversos proyectos de ley y reformas del Gobierno.
El Ministerio Público ya había abierto un expediente contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, y ahora se les sumará la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. Esta investigación preliminar servirá para recolectar la información necesaria que podría llevar a una investigación más exhaustiva y detallada.
El presidente Gustavo Petro ha confirmado la aceptación de la renuncia de Carlos Ramón González de la Dirección Nacional de Inteligencia, citando la incompatibilidad de su cargo con la investigación judicial. «Para tranquilidad de fiscales y jueces, lo mejor es la separación de su cargo», indicó el presidente Petro.
Carlos Ramón González, quien es uno de los exmiembros del M-19 más cercanos al presidente y un destacado fundador del partido Alianza Verde, ha sido mencionado en la audiencia de imputación de cargos como uno de los responsables de coordinar pagos de sobornos. González ha declarado su disposición para colaborar con la justicia y mantener su buen nombre.
La Procuraduría continuará con la recolección de evidencias y análisis para determinar la responsabilidad de los implicados en el caso de corrupción en la UNGRD. La investigación es parte de un esfuerzo más amplio para esclarecer los actos corruptos y asegurar la integridad en la administración pública.
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