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El documento en cuestión, que pretendía reemplazar una resolución anterior, establecía que los migrantes debían presentarse con pasaporte vigente ante la autoridad migratoria para ingresar al territorio nacional. Sin embargo, el presidente Petro desmintió esta medida, afirmando que su gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos.
Esta decisión, de implementarse, habría tenido implicaciones significativas, tanto humanitarias como políticas. La adquisición de un pasaporte representa un desafío económico considerable para la mayoría de los venezolanos, y muchos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, se habría visto afectado el derecho al voto de venezolanos en Colombia y en otros países vecinos.
El presidente Petro ha manifestado su interés en reconstruir las relaciones diplomáticas en América Latina, priorizando la relación con Nicolás Maduro y abogando por la "reconstrucción democrática". Este cambio en la política migratoria podría representar un ajuste en la postura del gobierno colombiano respecto a Venezuela y su crisis interna.
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