Fotografía: Procuraduría
La Fiscalía toma medidas cruciales en la investigación sobre los presuntos delitos en el contrato de carrotanques para La Guajira
La Fiscalía continúa avanzando en la investigación sobre las presuntas irregularidades en el contrato de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para la compra de carrotanques destinados a abastecer de agua a La Guajira. Ante un juzgado de control de garantías de Bogotá, y en un proceso reservado, el ente acusador está legalizando las evidencias recopiladas hasta el momento en el caso.
Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía está solicitando avales para llevar a cabo labores de policía judicial y recabar nueva información de dispositivos electrónicos. Estas acciones se enmarcan en una investigación por los delitos de celebración indebida de contratos e interés indebido en la celebración de contratos.
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El proceso es liderado por un grupo especial de la Fiscalía Delegada Anticorrupción, con el respaldo de agentes de policía judicial. Han realizado visitas a diversas entidades para recopilar información sobre los cuestionados contratos firmados durante la administración de Olmedo López en la UNGRD.
La denuncia inicial sobre las presuntas irregularidades provino de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República. La Fiscalía, tras recibir esta denuncia y realizar verificaciones preliminares, abrió una investigación formal.
Ya se han realizado citaciones a personas involucradas en el proceso contractual, como Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Víctor Andrés Meza Galván. Este último, exdirectivo de la Unidad de Gestión del Riesgo, fue interrogado durante más de siete horas sobre su participación en el trámite del contrato y las instrucciones recibidas del exdirector Olmedo López.
Los investigadores cuentan con el reporte de la Contraloría General, que reveló irregularidades en la contratación y llevó a una investigación fiscal. Se han embargado bienes de varias personas implicadas, incluido Olmedo López, así como exsubdirectores y representantes legales de las empresas contratistas.
Se espera que el proceso judicial arroje luz sobre las presuntas acciones ilícitas en torno a este contrato millonario, que ha generado preocupación por el manejo de los recursos públicos destinados a atender las necesidades de la población en La Guajira.
