Fotografía: Corte IDH
Tras 22 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia histórica con medidas para reparar persecución a defensores en Colombia
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una condena contra Colombia por la persecución sistemática y el hostigamiento dirigido hacia los integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), después de 22 años de lucha legal. El tribunal internacional determinó que el Estado colombiano violó múltiples derechos fundamentales de los miembros del Cajar, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la vida privada, y otros derechos esenciales.
La Corte IDH señaló que el Estado colombiano vulneró los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, la autodeterminación informativa, el acceso a la verdad y a las garantías judiciales, entre otros. Además, resaltó que el Cajar fue objeto de acciones ilegales de monitoreo por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), sin ningún tipo de control judicial, especialmente durante la década de 1990.
Como resultado de la persecución, varios miembros del colectivo tuvieron que exiliarse entre 2002 y 2010 para proteger sus vidas y las de sus familias. Además, fueron estigmatizados por altos funcionarios estatales y sometidos a campañas de desprestigio, enfrentando amenazas y vigilancia ilegal.
La sentencia de la Corte IDH ordena al Estado colombiano investigar exhaustivamente los hechos que violaron los derechos de los integrantes del Cajar, brindar tratamiento psicológico a las víctimas que lo requieran, y realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas en Colombia. Además, se requiere al Estado diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos sobre violencia contra defensores de derechos humanos, así como un plan de capacitación sobre estándares de derechos humanos en actividades de inteligencia.
En cuanto a la década de 1990, la Corte ordenó al Estado requerir información a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para iniciar investigaciones pertinentes. También se establece la necesidad de adecuar manuales de inteligencia y contrainteligencia a estándares internacionales sobre la materia. Estas medidas buscan reparar los daños causados y prevenir futuras violaciones de derechos humanos en Colombia.
