Fotografía: El Colombiano

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz urgida a intervenir mientras más de 2500 personas se ven afectadas en el sector rural

En un llamado reiterado, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha alertado sobre la crítica situación de confinamiento que persiste desde hace 40 días en el corregimiento de Mecaya, ubicado en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Esta restricción de movilidad, impuesta por un grupo armado ilegal en la zona, está impactando a más de 2500 personas, incluyendo comunidades indígenas y campesinas a lo largo de los ríos Caquetá, Yurilla y Mecaya.

La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Putumayo, ha elevado la alerta en diversas instancias institucionales, como Subcomités Departamentales y Municipales de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, así como consejos de seguridad. A pesar de estos esfuerzos, no se ha obtenido una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Carlos Camargo Assis expresó su preocupación ante la falta de acción diligente, señalando que en el Subcomité Departamental de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, el Ministerio del Interior indicó la incapacidad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para abordar la situación debido a la falta de personal contratado.

La Defensoría del Pueblo propuso la apertura de corredores humanitarios en diversas reuniones institucionales, pero destaca que esta acción está en manos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ya que la Defensoría no tiene la autoridad para dialogar directamente con grupos armados ilegales ni para asumir compromisos de este tipo.

A medida que la restricción de movilidad persiste en Puerto Leguízamo, se suma también a otras zonas rurales del municipio cercano de Puerto Caicedo. La Defensoría del Pueblo continuará insistiendo en la necesidad de garantizar los derechos de las comunidades afectadas en esta región.