Fotografía: Policia

La Procuraduría se opuso a la solicitud de libertad, argumentando que la justificación y los argumentos para liberar al ex paramilitar no estaban adecuadamente sustentados


Ante un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, se llevó a cabo una audiencia para decidir la libertad de Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar designado gestor de paz en un acto administrativo el año pasado. La solicitud de liberación fue presentada después de que una juez de ejecución de penas en Bogotá le concediera la libertad condicional, la cual no se hizo efectiva debido a otras medidas de aseguramiento en su contra.En la audiencia, la representante de la Fiscalía argumentó que el decreto ejecutivo que designó a Mancuso como gestor de paz no es vinculante para la Rama Judicial, enfatizando la necesidad de un análisis individual de cada caso. Se subrayó la importancia de garantizar los derechos de las víctimas y se señaló que, aunque el decreto excede algunas facultades, la decisión final recae en la judicatura.

Se planteó que, en caso de liberarse, Mancuso no podría viajar a ciertas regiones del país debido a restricciones por su participación en delitos en esos territorios. El abogado representante de las víctimas expresó su no oposición al levantamiento de las órdenes de captura, argumentando que Mancuso podría trabajar por la paz y cumplir sus compromisos estando en libertad.

La Procuraduría se opuso a la solicitud de libertad, argumentando que la justificación y los argumentos para liberar al exparamilitar no estaban adecuadamente sustentados. Se destacó que la política de paz no debe estar vinculada a discursos políticos sin argumentos y que la justificación para la liberación debe ser clara y llevar a la renuncia de tener a una persona detenida por delitos.

La procuradora Diana Niño cuestionó la falta de claridad sobre qué grupos serían representados por Mancuso como gestor de paz y expresó preocupación por posibles vínculos continuos con el crimen organizado. Se hizo hincapié en la importancia de no enviar un mensaje negativo a la delincuencia y de garantizar la seguridad de las personas y la protección de las víctimas frente al sometimiento del crimen organizado.


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